Desde la década de los 80 a la actualidad
En la década de los 80, como consecuencia social
del principio de normalización de los años 60, y la aparición y consolidación
del concepto de necesidades educativas especiales en el informe Warnock a fines
de los 70, surge la instalación del principio de integración social de las personas con discapacidad, incluida la
integración escolar. En esta década se dictan por primera vez la mayoría de los
decretos que aprueban planes y programas de estudio para Educación Especial y
Diferencial. Con el propósito de favorecer el acceso y la permanencia permanencia
de los alumnos con discapacidad en el sistema común, durante estos años, se
dictaron las siguientes excepciones reglamentarias: evaluación diferenciada,
exención de la evaluación acumulativa hasta en dos asignaturas y la exención de
una asignatura.
Los planes y
programas aprobados a principios del año 1990, y sus antecesores, que regulaban
la atención de los alumnos con discapacidad que asistían a escuelas especiales
y de los alumnos con trastornos específicos de aprendizaje, se caracterizaban
por tener un enfoque basado en el déficit, en la “habilitación y/o
rehabilitación”, descontextualizado del curriculum común.
Por otra parte,
en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), dictada en marzo de
1990, no se plantean estrategias y recursos educativos necesarios para dar
respuesta a los alumnos con discapacidad en el marco del sistema regular ni
especial.
En 1994 se
promulga la Ley sobre la Plena Integración Social de las Personas con Discapacidad,
N° 19.284, que viene a fortalecer la Política de Integración Escolar que estaba
vigente desde 1990 a través del Decreto 490/90 (modificado por el Decreto Nº 1
en 1998), normativas que impulsan la
incorporación de alumnos con discapacidad en las escuelas básicas y liceos a
través de la estrategia de Proyecto, posibilitando así el acceso de estos
alumnos y alumnas al currículo de la educación regular, con los apoyos especiales
adicionales necesarios para que progresen en el plan de estudio común. Gracias
a este marco legal, comienza en forma progresiva a tomar fuerza las nuevas concepciones
de la discapacidad, las cuales se orientan hacia la generación de estrategias para
el acceso, participación y progreso en el currículo común y en los escenarios
de la enseñanza regular.
En
febrero de 2010 fue promulgada la Ley Nº 20.422, que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades
e Inclusión Social de Personas con Discapacidad y deroga la Ley Nº 19.284,
de enero de 1994, de Integración Social de las Personas con Discapacidad. En esta nueva
ley se observa una reformulación e incorporación de conceptos y, desde su objetivo, se aprecian diferencias. Mientras
que la ley 19.284, establece la forma y condiciones
que permitan obtener plena integración social de personas con discapacidad en
la sociedad, y velar por el pleno ejercicio de derechos que la Constitución y
leyes reconocen a todas las personas; la nueva ley asegura el derecho a la
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de
obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y la
eliminación de cualquier forma de discriminación fundada en su discapacidad.
MINEDUC, Antecedentes Históricos, Presente y Futuro De La Educación
Especial En Chile. Mª Paulina Godoy L., Mª Luisa Meza L., Alida Salazar U.
2004.
MINEDUC, Nueva Perspectiva y Visión de la
Educación Especial. Informe de la Comisión de Expertos. 2004.
